Por la razón, no la fuerza:
La conformación de la Red de Derechos Humanos y Desalojos en Chile
*Texto preparado por Camila Cociña, Ana Sugranyes, Nelson Carroza, Elizabeth Andrade y Alfredo Rodríguez. Forografía de Ana Sugranyes
El número de órdenes de desalojos de tomas y de campamentos está aumentando en Chile. Una estimación preliminar, realizada a través del análisis de casos de desalojos forzados -públicamente relevantes- reportados en la prensa entre 2019-2023 estima que alrededor de 80 barrios y asentamientos precarios han sido amenazados y afectados por desalojos forzosos afectando a 13.000 familias aproximadamente en Chile. [1]
Durante décadas, el debate sobre los desahucios parecía inexistente en Chile, catalogado como un problema de otra época que no hacía parte de los actuales desafíos habitacionales. Sin embargo, el creciente número de personas que se han visto en la necesidad de vivir en tomas y campamentos en la última década ha puesto en evidencia una vieja verdad: cuando en vez de enfrentar la escala y complejidad del problema habitacional esta se judicializa, , parece tornarse legítima la criminalización y el ejercicio de la fuerza. Más aún, la aprobación de la ley de usurpaciones durante 2023 ha contribuido a la criminalización de pobladoras y pobladores, dando sustento legal a un relato político que justifica la violencia penal y simbólica contra los habitantes de campamentos.
Los campamentos en Chile, hoy por hoy, son tan diversos como complejos. Su aumento es el resultado de múltiples fenómenos, pero por sobre todo es consecuencia de la incapacidad de las herramientas de planificación y habitacionales actuales para dar respuesta a intrincados fenómenos sociales, urbanos, medioambientales, migratorios y económicos. El emblemático caso de las más de 6.000 familias que están actualmente con una orden de desalojo en un campamento en San Antonio da cuenta de la incapacidad de las herramientas institucionales existentes para lidiar con la complejidad de esta problemática, y la imposibilidad de abordarla exclusivamente en el sistema judicial. Según nuestras estimaciones, actualmente alrededor de 25 barrios y/o asentamientos precarios están amenazados y otros 7 tienen una orden de desalojo inminente. En suma, todo esto ha implicado que actualmente los principales mecanismos o vías de desalojos forzados en Chile, además de la vía judicial sea también la vía administrativa, competencia directa de los delegados presidenciales.
Desde hace algunos meses, un grupo diverso de pobladoras, autoridades, activistas, profesionales y académicos hemos intentado generar un espacio para abordar estas cuestiones de manera colectiva. En este texto, queremos contar un breve resumen de lo que ha ocurrido de esos intercambios, así como compartir el surgimiento de la Red de Derechos Humanos y Desalojos de Chile, y su llamado a la acción en varios frentes: avanzar hacia un sistema urbano-habitacional que prevenga los desalojos, monitorearlos y prevenirlos, facilitar asesoría jurídica a las comunidades afectadas, así como establecer procedimientos con estándares de derechos humanos cuando los desalojos ocurren.
Hilando una larga conversación
La noche previa a que se ingresara el veto parcial del gobierno a la llamada “ley anti-tomas”, se reunió en el salón del directorio nacional del Colegio de Arquitectos de Chile un grupo de representante de diversos sectores con el objetivo de avanzar hacia una visión compartida en torno a las tomas, campamentos y la ley de usurpaciones. Eran días complicados: por una parte, movimientos de pobladoras y pobladores se encontraban en alerta ante las amenazas que la nueva ley levantaba para la protección del derecho a una vivienda adecuada y digna para miles de habitantes del territorio chileno; por otra, sectores más reaccionarios acusaban al gobierno de ser cómplices de actos ilegítimos por querer vetar la ley.
En ese contexto, con un pequeño grupo vinculado a diversos espacios de intercambio en temas urbanos,[2]decidimos sentar a la mesa visiones y voces que, desde distintas realidades e intereses institucionales, tuviesen la voluntad de intercambiar ideas al respecto. Daniela Ocaranza (dirigente), Yasna Contreras (académica), Paola Jirón (presidenta del CNDT), Ricardo Trincad, Constanza Lizana (Alcaldesa de San Antonio), José Francisco Yuraszeck (Hogar de Cristo), Pablo Allard (Decano UDD) y Enrique Rajevic (jurista UAH) participaron con exposiciones en este primer encuentro, seguidas de una discusión con representantes de organizaciones como Techo, el ColArq, AAxChileD, entre otras. El resultado de ese encuentro fue sintetizado en una minuta con una serie de propuestas concretas y temas clave para continuar la conversación (ver minuta #1).
Al finalizar la sesión, había un consenso claro en la sala: la necesidad de fortalecer espacios de intercambios de la sociedad civil para avanzar en acciones concretas. De esta manera, en los siguientes meses organizamos otros dos encuentros que tuvieron como anfitrión el Comité de Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos. La segunda reunión se centró en el desafío de formular procedimientos con estándares de derechos humanos en caso de desalojos (ver minuta #2). En este encuentro, el foco estuvo en escuchar las experiencias de dirigentes de distintas ciudades (Elizabeth Andrade, Gloria Bascuñán y Gustavo Sepúlveda, entre otros), con reacciones del abogado Rodrigo Valdés y el académico Martin Arias.
Finalmente, el tercer encuentro se enfocó en discutir una hoja de ruta para avanzar en propuestas de acción para detener y prevenir los desalojos forzosos (ver minuta #3). En este caso, se presentaron propuestas y líneas de trabajo para avanzar en el monitoreo de desalojos (Nelson Carroza y Alfredo Rodríguez), prestar asesoría jurídica a las comunidades afectadas (Gabriel Montecinos), establecer procedimientos de desalojo, y prevenir desalojos recuperando la función social del suelo y la propiedad (Miguel Lawner), con reacciones de las dirigentes Elizabeth Andrade de Antofagasta, Gloria Bascuñán de Cerro Navia, Gustavo Sepúlveda de Valparaíso, y Daniela Ocaranza de Peñalolén.
El mandato luego de estas conversaciones ha sido claro: la necesidad de una articulación permanente para dar continuidad al trabajo en torno a esta urgente agenda.
Estableciendo una Red de Derechos Humanos y Desalojos
La Red de Derechos Humanos y Desalojos busca facilitar dicha articulación permanente. Está constituida por personas convocadas por cinco instituciones: Corporación SUR, Premio Nacional de Derechos Humanos 2022, el Observatorio de Participación Social y Territorio UPLA, el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED) y Housing and Land Rights Network (HIC-HLRN). Tiene por objetivo detener y prevenir los desalojos forzosos, promoviendo y coordinando acciones de monitoreo, protocolo y aprendizaje desde una perspectiva de derechos humanos.
Nuestro llamado es a autoridades, académicos, activistas, organizaciones de la sociedad civil y a la sociedad en su conjunto a sumar fuerzas para detener el uso de la violencia y avanzar en espacios de negociación, fundamental para la búsqueda de soluciones para quienes enfrentan amenazas de desalojo. Específicamente, la red llama a trabajar en cuatro frentes:
- Consolidar espacios de intercambio, aprendizaje, movilización e incidencia política en torno a la prevención de desalojos y al avance de políticas públicas de acceso al suelo y la producción de vivienda, como herramientas que promuevan el derecho a la ciudad y a una vivienda digna y adecuada.
- Monitorear de manera constante las amenazas de desalojo, mediante la articulación de la información proveniente de fuentes oficiales y la producida y validada por las propias comunidades afectadas, que permitan actuar de manera colectiva y oportuna para prevenir los desahucios.
- Facilitar apoyo legal y asesoría jurídica a las comunidades que se ven afectadas por ordenes de desalojo.
- Establecer y promover la aplicación de principios de derechos humanos para la prevención de los desalojos forzados.
Respecto a este último punto, la Red de Derechos Humanos y Desalojos ha estado apoyando a pobladoras y pobladores en el desarrollo de un documento que propone lineamientos para abordar la prevención de los desalojos forzados desde una perspectiva de derechos humanos, un instrumento vivo de fiscalización que promueva y priorize principios y el lenguaje de negociación por sobre la violencia.
Quienes deseen recibir información sobre futuras actividades de esta red, pueden escribirnos a ddhhydesalojos @ gmail.com
Notas
[1] Datos recopilados para esta iniciativa por Nelson Carroza y Pablo Muñoz integrantes del Observatorio de Participación Social y Territorio de la Universidad de Playa Ancha.
[2] Este primer encuentro fue convocado por el Comité Hábitat y Vivienda del Colegio de Arq; Foro Ciudad Política; y Grupo Ciudad, Vivienda y Territorio (CVyT), y co-organizado por Ana Sugranyes, Camila Cociña, Carla González, Marisa Carmona y Carlos Aguirre.
Nota: Han participado en uno o más de los encuentros aquí descritos: Adolfo López (Colegio Arq); Alfredo Rodríguez (SUR); Amanda Miranda (Dirigenta Lo Hermida); Ana Sugranyes (HIC-HLRN); Ana Vergara (Colegio Arq); Beatriz Buccicardi (Colegio Arq); Camila Cociña (IIED); Carla González (CVyT); Carlos Aguirre (USS); Constanza Lizana (Alcaldesa San Antonio); Daniela Ocaranza (Dirigenta Lo Hermida); Elizabeth Andrade (Premio Nacional DDHH 2022); Enrique Rajevic (Jurista); Gabriel Montecinos (Derecho PUC); Gloria Bascuñán (Dirigenta Cerro Navia); Gustavo Sepúlveda (MPO); Isidora García (Techo); Isidora Lazcano (Techo); Jadille Baza (Colegio Arq); Javier Ruiz-Tagle (IEUT); Joan Mac Donald (Premio Nacional Urb); José Francisco Yuraszeck (Hogar de Cristo); Julia Espinoza (Dirigenta Lo Hermida); Kike Venegas (Colegio Arq); Marcia Cuiza (Colegio Arq); Mario Neira (AAxChileD); Marisa Carmona (CVyT); Martin Arias (UCN); Miguel Lawner (Premio Nacional Arq); Nelson Carroza (UPLA); Pablo Allard (UDD); Paola Jirón (CNDT); Rodrigo Valdés (Abogado); Viviana Fernández (Colegio Arq); Yasna Contreras (FAU).
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