Carta preparada por el Grupo de Trabajo Regional sobre Desalojos de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, de la cual la Red de Derechos Humanos y Desalojos en Chile es parte.
- Desde América Latina queremos expresar nuestra plena solidaridad con María del Carmen —Maricarmen— Abascal, desalojada la semana pasada de su vivienda en Madrid a los 87 años.
- Expresamos nuestro profundo rechazo a los desalojos y, particularmente, a aquellos ejecutados en beneficio de fondos especulativos de capital financiero.
- Exigimos que las necesidades de la vida y el derecho a la vivienda sean colocados por encima de la lógica de la especulación y la rentabilidad del capital.
A Maricarmen, a su familia, a sus vecinos y vecinas, y a las organizaciones que acompañan su lucha y resisten frente a la violencia del desalojo, queremos hacerles llegar toda nuestra solidaridad.
Desde el Grupo de Trabajo Regional sobre Desalojos de la Coalición Internacional para el Hábitat en América Latina (HIC-AL), conformado por organizaciones sociales, profesionales y académicas sumamos nuestra voz para denunciar el proceso de desalojo del que ha sido objeto Maricarmen, impulsado —según ha sido denunciado— por un fondo de inversión.
Su caso no constituye una situación aislada. Lo entendemos como una expresión concreta de procesos de acumulación por desposesión que acompañan la reestructuración urbana en distintas partes del mundo y de los cuales América Latina tampoco está exenta, con graves consecuencias para el cumplimiento de los derechos humanos, en especial, el derecho a una vivienda adecuada y del derecho a la ciudad.
Los fondos de inversión aprovechan situaciones de quiebra y deudas, para adquirir inmuebles a precio bajo y realizar jugosos negocios. Una vez adquirida la deuda, pueden impulsar procedimientos judiciales contra quienes habitan las viviendas vinculadas con esos adeudos. En varios casos, estas operaciones trascienden la recuperación de un crédito y se relacionan con la adquisición de activos inmobiliarios ubicados en territorios de alto valor para la especulación urbana.
En este contexto, el desalojo puede convertirse en un mecanismo de transferencia de propiedad desde sectores populares o clases medias hacia capitales financieros transnacionalizados. Maricarmen ha sido víctima, según lo ha denunciado, de este tipo de procesos, amparados en una legislación que, bajo pretensiones de neutralidad jurídica, puede producir efectos psicosociales devastadores y afectar los derechos humanos. Estas situaciones no alcanzan únicamente a personas con deudas hipotecarias, sino también a quienes habitan viviendas en régimen de alquiler.
El derecho a una vivienda adecuada – reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC), suscritos por España y por la gran mayoría de los países de América Latina – no puede quedar subordinado a la lógica de rentabilidad del capital, ni a la concepción de la propiedad por sobre su función social y ecológica.
Los marcos normativos que permiten la ejecución de desalojos, sin garantizar una alternativa habitacional adecuada a personas en situación de vulnerabilidad, deben ser modificados a la luz de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos – como ya lo ha declarado en innumerables ocasiones el Comité de Derechos Económicos, Sociales y culturales de las Naciones Unidas en los casos que ha decidido contra España –. No estamos ante situaciones que puedan analizarse únicamente desde una perspectiva patrimonial.
En América Latina, también enfrentamos mecanismos violentos de expulsión, mediante el uso de las fuerzas de seguridad o mediante formas ilegales de coacción. Los desalojos afectan a quienes no pueden pagar la renta o se han visto obligados a ocupar terrenos o edificios vacantes para disponer de un lugar donde vivir.
Son familias y comunidades vulnerables que no encuentran respuesta ni en el mercado, ni en las políticas públicas y se enfrentan a sistemas institucionales que desconocen los derechos humanos incluso reconocidos constitucionalmente. Mientras tanto, quienes detentan la propiedad cuentan con recursos jurídicos y de otra índole, para defender sus intereses.
Desde esta región, exigimos que se revierta esta y otras situaciones de violencia que provocan desalojos forzosos. Es inadmisible que una persona desalojada sea sacada de su casa de tal manera que tenga que transitar por un hospital.
Exigimos también:
- Que se saque la vivienda de los mercados financieros.
- La investigación y fiscalización de las operaciones de fondos de inversión que puedan afectar el derecho a la vivienda y producir procesos de desposesión.
- El establecimiento de mecanismos efectivos de protección para las personas y familias en situación de vulnerabilidad frente a los desalojos en cumplimiento de los estándares internacionales.
- Que ninguna persona sea desalojada de su hogar sin que se hayan agotado las alternativas legales y sociales necesarias para garantizar sus derechos.
Saludamos que Maricarmen haya logrado regresar a su casa gracias a la movilización social pero mantendremos los ojos puestos sobre las medidas que se están proponiendo ya que varias voces se han levantado para afirmar que el Decreto firmado el día de hoy, es un avance pero no representa una política estructural capaz de enfrentar los problemas que están a la base de este tipo de desalojos y de la crisis de la vivienda.
Expresamos nuestro apoyo a las víctimas de desalojos y nos hermanamos con las luchas que hoy se encuentran de pie en la Puerta del Sol de Madrid.
¡Ni un desalojo más!
Grupo de Trabajo Regional sobre Desalojos, conformado por:
Clínica de Derecho a la Vivienda Adecuada “María Luisa Marín” de HIC-AL y la Universidad Iberoamericana – México
Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima, FUNDASAL, El Salvador
Observatorio de Desalojos de Argentina Infohabitat
Observatorio de Participación Social y Territorio de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), Chile
Observatório de Remoções, Labcidade FAUUSP, Brasil
Observatorio Metropolitano de Conflictos Urbanos / CONURB – PUCP, Perú
Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL)
Red de Derechos Humanos y Desalojos en Chile
Contacto de prensa: Narciso Cuevas, comunicacion@hic-al.org
