Santiago, Chile. Por primera vez en un debate público, la Red de Derechos Humanos y Desalojos hizo un llamado a visibilizar las vulneraciones de derechos humanos derivadas de los desalojos forzosos, y organizó el Taller Internacional “Derechos Humanos y Desalojos Forzosos”, junto con la Plataforma de Derechos Humanos y Empresas, el Proyecto Periplo: Mujeres, Migrantes, Temporeras, y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC).
El encuentro reunió a dirigentas de campamentos afectados, especialistas en vivienda y juristas, académicos y defensores de derechos humanos, en un espacio de diálogo y reflexión que combinó testimonios comunitarios, análisis técnico y debate institucional.
Inauguración y contexto
La apertura del taller estuvo a cargo del rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, quien destacó la importancia de abordar la crisis habitacional desde una perspectiva de derechos humanos y la responsabilidad social de las universidades en la producción de conocimiento comprometido con la justicia social. Intervino también Roberto Morales, representante de la Plataforma de Derechos Humanos y Empresas, empatizando las obligaciones del sector privado en defender los derechos que no son radicales sino humanos; y la arquitecta Ana Sugranyes, integrante de la Red de Derechos Humanos y Desalojos, quien subrayó la necesidad de articular redes entre comunidades, organizaciones y el mundo académico para enfrentar la creciente amenaza de violencia en situación de desalojos en Chile y América Latina.
Monitoreo y estimación de los desalojos en Chile
En el primer bloque, Nelson Carroza Athens presentó el informe “Estimación y Monitoreo de Amenazas de Desalojo en Chile”, elaborado en el marco del proyecto FONDECYT Regular Nº1241518 “Más allá de la vivienda” (UPLA).
El estudio revela que 61 asentamientos enfrentan actualmente amenazas directa de desalojo, lo que representa 17.522 familias en riesgo —casi una de cada cinco familias que viven en campamentos a nivel nacional—. Desde 2019, más de 3.600 familias han sido desplazadas por desalojos ejecutados. Carroza advirtió que el 80,9 % de las amenazas provienen de actores privados, principalmente inmobiliarias, constructoras y empresas forestales, lo que evidencia el rol creciente del mercado en la disputa por el suelo urbano y rural.
Voces desde los territorios
La primera parte del taller continuó con los testimonios de Yasmin Durán, dirigenta de la Comunidad Terrazas de Marga Marga, Calichero, Quilpué, desalojada el 30 de septiembre de 2025, sin haber sido notificada de orden de desalojo; Gloria Bascuñán, dirigenta de la Cooperativa “17 de Mayo”, desalojada el 16 de mayo de 2024, a un día del 5° aniversario de la Toma “17 de Mayo” en Cerro Navia; Yocoba Romero, dirigenta de la Comunidad Tricolor, campamento de familias bolivianas en Rengo, luchando contra la amenaza de desalojo desde la Municipalidad; y Alejandra Burgos, vocera de comunidades afectadas con amenazas de desalojo por parte de la empresa Arauco, en Curanilahue, Región del Biobío.
Las cuatro testigos relataron las consecuencias sociales y emocionales de los desalojos en sus comunidades, la violencia que sufren las familias, la niñez, las personas mayores y discapacitadas que no tienen opción a un lugar donde vivir. Denunciaron todo tipo de irregularidades en los procedimientos de notificación de los desalojos, en el uso de órden de demolición sin pasar por el debido proceso de una orden de desalojo; el despliegue mediático que criminaliza a personas vulnerables; la violencia desplegada por las fuerzas del orden que no saben ni como proceder, así como la violencia por falta de alternativas de a donde ir a parar, a educar y a sanar.
La moderación estuvo a cargo de Geanina Zagal, de SUR Estudios Sociales y Educación, quien destacó la resistencia de los campamentos y la necesidad de políticas públicas centradas en el derecho a la vivienda.
Esta primera parte finalizó con palabras de Elizabeth Andrade Huaringa, Premio Nacional de Derechos Humanos 2022, dirigenta del Macrocampamento Los Arenales (Antofagasta) y vocera del Movimiento de Pobladores Vivienda Digna, llamando a las comunidades a la organización y el empoderamiento de sus capacidades de negociación con las autoridades.
Debate técnico y enfoque de derechos
En la segunda parte del taller, Tatiana Torres (abogada, coordinadora de tramitación legislativa del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género), Margarita Peña (abogada, integrante Coordinadora de Tomas y Campamentos y defensora de comunidad amenazada) y Gustavo Sepúlveda (Movimiento de Pobladores Organizados, MPO, defensor de comunidades en la Región de Valparaíso y del Biobío), abordaron los límites legales de los desalojos y las carencias en la protección jurídica de las familias desplazadas.
La moderación estuvo a cargo de Verónica Matus, abogada defensora de derechos humanos desde los tiempos de la dictadura, de La Morada, quien hizo ver que en un país con gente sin casa y casas sin gente, desde 2023, el Estado de Chile optó por multiplicar formas de desalojo que, evidentemente, contribuyen a aumentar los problemas habitacionales.
El cierre estuvo a cargo de Raquel Rolnik, arquitecta, urbanista y ex Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, quien sostuvo que “el desalojo forzoso no puede ser una política habitacional” y llamó a fortalecer la articulación entre organizaciones sociales, academia y Estado frente a la arremetida de violencia en el contexto de la financiarización de la vida y de la vivienda.
Un espacio de encuentro y compromiso
El taller contó y reunió a unas cien personas, comprometidas con la defensa del derecho a la vivienda y el derecho al suelo. La jornada de 4 horas combinó investigación, testimonios y debate, reafirmando el compromiso colectivo por una sociedad donde la vivienda sea reconocida como un derecho humano fundamental, y no como un privilegio; enfatizando las exigencias de articulación entre distintos actores dispersos, de coordinación entre iniciativas aisladas, así como formulación de una estrategia común para detener la violencia de los desalojos y sus consecuencias sociales y territoriales.
El taller ha sido posible gracias a la combinación de diferentes recursos de:
- UAHC para el espacio de aula magna y su registro audiovisual;
- Plataforma de DDHH y Empresas para el traslado de una de las dirigentas y el gran refrigerio servido por un emprendimiento de mujeres sindicalistas;
- Proyecto Periplo para el viaje de otra dirigenta;
- Comité Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos, en el marco de la Bienal de Arquitectura 2025 ‘doble exposición’, con viáticos de dos participantes extranjeras;
- Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, IEUT de la PUC, con el pago del viaje y estadía de Raquel Rolnik en Santiago;
- Red de Derechos Humanos y Desalojos, con viaje de una panelista y la coordinación general de la actividad.
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Red de Derechos Humanos y Desalojos en Chile 