La Red de Derechos Humanos y Desalojos en Chile ha presentado una propuesta para la V Revisión ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de las Naciones Unidas, en respuesta al Informe del Estado de Chile del 31 de enero de 2022.
Ponermos aquí a disposición la propuesta presentada:
Resumen ejecutivo
Desde hace más de un siglo, los asentamientos precarios han sido un mecanismo de respuesta ante los límites de las políticas habitacionales. En Chile, los campamentos y tomas son fenómenos crecientes, reflejo de la actual crisis habitacional. Su complejidad, volumen y heterogeneidad ha aumentado significativamente en la última década. Si bien sólo el 1,9% de la población del país habita en campamentos, el debate mediático ha centrado su preocupación en éstos ya que afectan directamente el derecho de propiedad. Sucesivamente, y luego de décadas en que los desalojos parecían una amenaza durmiente en Chile, éstos se han transformado en una amenaza real para miles de familias en un contexto de criminalización del hábitat popular.
Este informe ha sido desarrollado por La Red de Derechos Humanos y Desalojos en Chile, constituida hace 2 años en un intento por denunciar la violación grave de derechos humanos que representa el aumento de desalojos forzosos en el país. En un contexto complejo y cambiante, este informe reporta los principales hallazgos del monitoreo de desalojos forzosos, optando por datos generales, sin análisis de casos específicos, por respeto a la integridad de las personas y considerando los niveles de miedo que sufren las comunidades y familias afectadas.
El documento presenta un análisis temático que describe la problemática de los campamentos y los desalojos en Chile en relación con las obligaciones y compromisos internacionales del país. Describe el contexto y presenta un análisis del estado de las amenazas de desalojos de campamentos, en relación con su magnitud (número de familias y campamentos amenazadas), actores (con énfasis en el rol del poder judicial y ejecutivo, así como de propietarios fiscales y privados), y territorios (distribución en las diferentes regiones y comunas del país). Estos datos son luego discutidos a la luz de las garantías institucionales y de protocolo según estándar del CDESC, así como de la jurisprudencia en casos de desalojos forzosos.Para concluir, el informe presenta recomendaciones concretas apuntando a distintas instituciones del Estado de Chile, instando a implementar todas las condiciones establecidas por la Observación General N°7 (1994) del CDESC. Estas recomendaciones enfatizan la importancia del monitoreo, la inclusión de perspectiva de género, el seguimiento de las mesas técnicas intersectoriales regionales, para revisar las formas de notificación, y el llamado urgente de protocolos detallados para la acción policial en desalojos individuales y/o colectivos.
Red de Derechos Humanos y Desalojos en Chile 