Como parte de los esfuerzos para comprender ya abordar el fenómeno de los desalojos en Chile, desde la Red de Derechos Humanos y Desalojos y el proyecto Más allá de la Vivienda, ‘Enfoques interdisciplinarios para comprender las repercusiones sociales de la crisis habitacional en Chile’(FONDECYT N°1241518 liderado por la Universidad de Playa Ancha), nos hemos propuesto avanzar en mecanismos sistemáticos y permanentes para monitorear y documentar las amenazas de desalojos en el país.
Este documento sintetiza la metodología y hallazgos de un ejercicio de estimación de la magnitud y característica de las amenazas de desalojos forzosos en Chile, con datos recopilados hasta marzo de 2025.
Principales resultados
1. Magnitud
Según los datos levantados, se identifican 73 asentamientos actualmente amenazados por procesos de desalojo, los cuales representan a 15.957 familias, es decir, al 16,8% del total de familias que habitan en campamentos en el país.
2. Mecanismos y actores
Del total de campamentos actualmente amenazados, el 69,8% corresponde a desalojos por vía judicial, mientras que el 30,2% se originan en procesos administrativos. Esto refuerza el rol preponderante que sigue teniendo el sistema judicial en la tramitación de desalojos en Chile, aunque también destaca el creciente papel de las Delegaciones Presidenciales en la ejecución administrativa de estos procesos.
En cuanto a los actores querellantes, el 59% corresponde a entidades privadas, incluyendo inmobiliarias, constructoras, empresas forestales, sociedades comerciales, asociaciones y personas naturales. El 41% restante corresponde a instituciones públicas, entre ellas Delegaciones Presidenciales, ministerios y municipalidades, que han iniciado acciones legales o administrativas para el desalojo de terrenos ocupados.
3. Características del suelo
Otra dimensión relevante es la superficie estimada de los asentamientos actualmente amenazados: en total, se identifican 645,34 hectáreas. Para poner esta cifra en perspectiva, equivale aproximadamente a más de 900 canchas de fútbol profesional (tomando como referencia una superficie promedio de 0,7 ha por cancha).
Respecto a la propiedad del suelo, el 56% de los campamentos amenazados se encuentran en terrenos privados, mientras que el 38,5% están emplazados en terrenos de propiedad fiscal o municipal. Un 5% corresponde a suelos con superposición de propiedad pública y privada, lo que evidencia la complejidad de la tenencia y uso del suelo en varios casos.
4. Análisis territorial
La distribución territorial de las amenazas de desalojo muestra un patrón marcadamente desigual. Utilizando como referencia el número de familias afectadas, se observa una alta concentración en las regiones de Valparaíso, Tarapacá, Atacama y Metropolitana, todas con más de 2.500 familias en riesgo. En contraste, regiones como Coquimbo, Biobío y Arica y Parinacota presentan cifras considerablemente menores, con menos de 300 familias en riesgo.
Este patrón sugiere que son las regiones del norte y centro del país las que concentran la mayor cantidad de familias amenazadas por procesos de desalojo, lo que debe ser considerado en la planificación de respuestas e intervenciones territoriales.
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Es prioritario abordar el tema de los desalojos forzosos, que han sufrido las comunidades que viven en campamentos por necesidad habitacional, como una cuestión de interés nacional.
Es fundamental debatir al respecto y comprenderlo como parte de un proceso estructural de desplazamiento forzado de la población. Tal como indica la evidencia internacional, los desalojos forzosos son una violación a los derechos humanos, y quienes atraviesan este tipo de experiencias quedan en condiciones de mayor vulnerabilidad, lo que a su vez contribuye a la reproducción y profundización de la desigualdad social y la crisis habitacional.
Red de Derechos Humanos y Desalojos en Chile 